Las comunidades rurales de América Latina producen gran parte de los alimentos, energía y minerales de los que depende el mundo. Sin embargo, para la mayoría de los habitantes rurales, la promesa de una prosperidad duradera sigue siendo inalcanzable porque a: pesar de esta riqueza, el trabajo informal e inseguro sigue presente, debilitando los medios de vida, servicios y oportunidades a largo plazo.
Regiones de importancia global
América Latina es el mayor exportador neto de alimentos del mundo, con exportaciones que alcanzaron un récord de 349.000 millones de dólares en 2022. La región también produce el 35 % del litio mundial y el 40 % de su cobre, minerales esenciales para la energía limpia y los dispositivos digitales. Sin embargo, en las regiones rurales que generan esta riqueza, con frecuencia las personas enfrentan dificultades para acceder a empleos estables, salarios justos o servicios básicos.
La informalidad está muy extendida – y es aún mayor en las zonas rurales
La informalidad se encuentra en el centro del problema. En toda la región, alrededor de dos tercios de la población viven en hogares que dependen del trabajo informal. En las zonas rurales, el 66 % de las personas vive en hogares completamente informales, casi el doble que el 34 % en las áreas urbanas. En algunos países, la cifra es incluso más alta: el 85 % de los habitantes rurales de Colombia y más del 90 % en Perú viven en hogares totalmente informales.
El trabajo informal suele ser mal remunerado: los trabajadores en la informalidad ganan en promedio alrededor de un 60 % menos que los trabajadores en la formalidad, y muchos perciben ingresos por debajo del salario mínimo. Además, es un trabajo inestable, con acceso limitado a formación, financiamiento o protección social, incluida la atención médica y pensiones. Aunque a menudo es la única vía para que las personas de bajos ingresos participen en actividadess económica y se ganen la vida, sus efectos se extienden a toda la vida comunitaria: cuando la mayoría de los empleos son informales, los ingresos fiscales disminuyen, lo que limita la inversión en infraestructura, el mantenimiento de carreteras, el funcionamiento de las escuelas y la atención sanitaria. Esto puede atrapar a las comunidades rurales en un ciclo de subinversión y exclusión.
¿Por qué la informalidad es tan frecuente en las zonas rurales? Para muchos, los empleos son temporales, de carácter familiar y vinculados a la agricultura, lo que dificulta mantener relaciones laborales formales. Los gobiernos locales suelen estar sobrepasados, la aplicación de la ley es limitada y la economía está dominada por pequeñas empresas de baja productividad. Niveles educativos más bajos también restringen las oportunidades de los trabajadores.
Tasas de informalidad en la región de ALC como porcentaje del empleo total
Profundizando en los resultados
Un sector donde la informalidad prevalece es la minería, en particular de metales como el oro y el cobre. En las zonas remotas, la minería artesanal y en pequeña escala (MAPE) a menudo opera sin contratos, servicios financieros ni protección social. A nivel mundial, se estima que el 80 a 90 % de la MAPE es informal.
« La formalización debería ser un objetivo clave para los gobiernos. Reduce los riesgos de los mineros al abrirles el acceso a servicios de salud, protecciones sociales y asistencia técnica, esenciales para el sustento rural. »
Gina D’Amato, Directora Ejecutiva, Alliance for Responsible Mining
Rutas hacia la formalización
Existen iniciativas de formalización, pero los requisitos complejos y costosos, junto con instituciones débiles, a menudo impiden el progreso. Sin embargo, algunas iniciativas están abriendo nuevos caminos.
Un ejemplo es el proyecto Gramalote en Colombia. Allí, la cooperativa Mineros La María S.A.S. se asoció con agencias gubernamentales y AngloGold Ashanti en el marco del programa CRAFT, un esquema voluntario que ayuda a los mineros artesanales a gestionar riesgos, mejorar prácticas e ingresar a mercados formales. En Colombia, las cooperativas incluyen cerca de 6,3 millones de miembros. El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 reconoce que el fortalecimiento del Plan Nacional de Fomento a la Economía Solidaria y Cooperativa Rural contribuirá al trabajo decente y al empleo rural en Colombia.
Al combinar apoyo legal, asistencia técnica y capacitación, la alianza ayudó a los mineros a cumplir con los estándares de sostenibilidad e integrarse en cadenas de suministro formales. En solo tres años, creó cerca de 400 empleos formales, aumentó los ingresos fiscales y mejoró el acceso a la educación y a la protección social para las familias. También brindó a los trabajadores acceso a formación, equipo de seguridad, crédito y servicios financieros.
« El reconocimiento como ciudadanos formales ayuda a disminuir las desigualdades de género al permitir la igualdad salarial y la representación. Proporciona una estructura para atender las necesidades específicas de manera justa. »
Gina D’Amato, Executive Director, Alliance for Responsible Mining
La confianza y transparencia construyen comunidades fuertes
Las prácticas empresariales responsables no son solo un requisito legal, sino esenciales para generar confianza y éxito económico a largo plazo. Cuando los proveedores pueden ser certificados y identificados, se abren las puertas a mercados responsables y oportunidades de inversión sostenible.
En la región andina de Ananea en Perú, las cooperativas están utilizando procesos de certificación para demostrar el cumplimiento de normas ambientales y sociales. La supervisión gubernamental, la participación comunitaria, la Ley General de Sociedades Cooperativas y una aplicación estricta respaldan estos esfuerzos. Las cooperativas certificadas reinvierten las ganancias en infraestructura local, como el acceso al agua y la educación, proporcionando a las nuevas generaciones nuevos recursos y oportunidades antes de devolver beneficios a sus comunidades. Su ejemplo inspirador muestra cómo gobiernos, empresas y organizaciones de economía social, como las cooperativas, pueden unirse para generar confianza y fortalecer las comunidades rurales, con la formalización como un componente clave de estos esfuerzos.
« Hemos visto que cuando gobiernos, empresas y comunidades logran generar confianza, se vuelve posible establecer una hoja de ruta hacia la formalización. Estas alianzas pueden transformar territorios, pero sin confianza, los esfuerzos colapsan rápidamente. »
Gina D’Amato, Directora Ejecutiva, Alliance for Responsible Mining
Un futuro más inclusivo para las comunidades mineras
Las comunidades rurales de América Latina ya son ricas en recursos. Al invertir en la formalización, la gobernanza (incluyendo a través de entidades de economía social y solidaria como cooperativas y empresas sociales) y en alianzas basadas en la confianza, también pueden ser ricas en oportunidades para los trabajadores. Convertir la riqueza de los recursos en bienestar duradero requerirá un compromiso a largo plazo, por parte de gobiernos, empresas y comunidades. Pero con las herramientas adecuadas y la confianza necesaria, las regiones rurales pueden pasar de la informalidad a la inclusión, y construir futuros que no solo sean productivos, sino también justos.
Para profundizar en el tema, consulta Reinforcing Rural Resilience, Rural Innovation Pathways. Obtén más información sobre el trabajo informal a través de Labels for the Social Economy y From informal to formal jobs: The contribution of cooperatives in Colombia.
Roxana Glavanov is a Communications Officer in the Regional Development and Multi-level Governance Division of the OECD’s Centre for Entrepreneurship, SMEs, Regions and Cities. She leads and coordinates strategic communication efforts that enhance the visibility, clarity, and impact of the OECD’s work on regional development, multi-level governance, decentralisation and subnational finance. Roxana works closely with policy experts to translate complex analysis into accessible messages, guide communication planning and outreach to stakeholders.
A Hungarian national, Ms Glavanov holds a master’s degree in political and Institutional Communications from Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (France), a master’s degree in European Affairs from Sciences Po Paris (France), and a master’s degree in Communication and Public Relations from Corvinus University Budapest (Hungary).
Amal Chevreau, Head of the social economy and innovation unit, Centre for Entrepreneurship, SMEs, Regions and Cities, has authored and co-authored several publications on the social economy and social entrepreneurship. Amal also worked in the OECD regional development division. Prior to joining the OECD, Amal worked 10 years as head of studies and research at l’Institut de Prospective Economique du Monde Méditeranéen (Paris), and held several senior positions in regional development agencies in Morocco. She holds a BA in public law and political science (University Mohammed V- Morocco) an LLM in comparative law (University of Miami- School of Law-US) and an MA in international relations and international public law (Keele University-United Kingdom).