Algunas de las regiones más ricas en recursos del planeta generan una enorme riqueza gracias al cobre, el hierro o el litio y, sin embargo, tienen dificultades para retener a las personas que la hacen posible. Los mineros llegan, trabajan y se marchan de vuelta a sus hogares, a cientos, incluso miles de kilómetros de distancia.
Es lo que se conoce como conmutación de larga distancia (LDC, por sus siglas en inglés), es decir, los desplazamientos periódicos de los trabajadores entre su hogar y una mina lejana. Este fenómeno se ha extendido con el paso de turnos más cortos, como cuatro días de trabajo y tres de descanso, a turnos más largos, de siete y siete. Estos sistemas de trabajo aportan mayor flexibilidad y eficiencia a la producción, pero también facilitan que los trabajadores vivan lejos de la mina.
La familia en el centro
Conmutar resulta agotador y pasa factura a las relaciones. Los trabajadores hablan de una especie de doble vida, dividida entre el campamento y el hogar. Ellos asumen el desgaste físico y mental en la mina, mientras que sus parejas (todavía mayoritariamente mujeres) cargan con el peso de los cuidados en casa. Las largas ausencias tensan los matrimonios y las separaciones se vuelven frecuentes.
Aun así, muchos trabajadores conmutan precisamente para proteger su vida familiar, no a pesar de ella. Mudarse con toda la familia a una región minera puede suponer desarraigar a la pareja y a los hijos. Además, supone renunciar a los colegios y la red de abuelos, familiares y amigos que sostiene el día a día. Para muchos hogares, la conmutación se convierte en una forma de preservar estos vínculos.
Por qué las regiones mineras tienen dificultades para retener a sus trabajadores
El problema se agrava cuando las ciudades mineras son lugares difíciles o caros para vivir en familia. Si los impactos ambientales de la minería y su cadena de valor no se gestiona bien, la contaminación puede hacer menos atractivo el entorno que rodea a la actividad minera. A ello se suman la vivienda, servicios sanitarios y la educación, que pueden ser caras, y unos servicios que siguen siendo limitados.
Por eso, la conmutación de larga distancia no puede entenderse simplemente como una decisión del mercado laboral, sino que es el síntoma de un desafío regional más amplio. Si las regiones mineras no pueden competir en vivienda, servicios, calidad ambiental y vida familiar, los trabajadores tienen menos motivos para establecerse allí de forma permanente.
Esto tiene consecuencias. Cuando los trabajadores viven en otro lugar, gran parte de los ingresos generados por la minería salen de la región con ellos. Los salarios se gastan en otras ciudades, donde benefician al comercio, a los proveedores y a los servicios locales.
Además, la pérdida no termina con esa primera transacción. El dinero circula por la economía local: las empresas pagan a sus trabajadores y proveedores, que a su vez gastan parte de esos ingresos en la zona.
Un estudio estima que, una vez sumados estos efectos indirectos, por cada peso que los conmutantes gastan fuera, la región pierde más de dos pesos de demanda local total. A esto se añade la pérdida de empleo, de impuestos locales y de HHHactividad cotidiana que da vida a una ciudad.
Los efectos demográficos pueden agravar el problema. Antofagasta está creciendo, pero no retiene a su población: entre 2002 y 2024, la región registró una salida neta de unas 60.000 personas hacia otras zonas de Chile (INE, 2002, 2017, 2024). Esto frena el crecimiento urbano y la expansión de los mercados locales, y puede debilitar la presión para mejorar los servicios. Como resultado, se dificulta que la región diversifique su economía más allá de la minería y atraiga más población.
Qué se puede hacer
Algunos gobiernos de zonas mineras han optado por la regulación. En Queensland (Australia), por ejemplo, la Ley de Comunidades de Recursos Fuertes y Sostenibles de 2017 (Strong and Sustainable Resource Communities Act 2017) establece una jerarquía de contratación, la cual da prioridad a la contratación local y regional en los grandes proyectos situados a menos de 125 kilómetros de una comunidad regional.
Los sistemas de turnos también importan. Recurrir más a turnos cortos podría facilitar que los trabajadores vivan más cerca de su lugar de trabajo y se refuerce su vínculo con las regiones mineras. Del mismo modo, las políticas de contenido local pueden incentivar a las empresas a contratar localmente.
Sin embargo, ni los turnos ni las normas de contratación pueden hacer que la gente se quede en una ciudad que no satisface las necesidades de sus familias. Las regiones mineras también tienen que convertirse en lugares más atractivos para vivir.
Para ello, es necesario que una mayor proporción de los ingresos de la minería revierta en las comunidades donde tiene lugar la extracción. Pero más ingresos no bastan por sí solos.
Hacen falta también normas transparentes sobre cómo se distribuyen los fondos entre el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales. Se necesitan, además, instituciones locales capaces de planificar y ejecutar inversiones, y una rendición de cuentas pública sobre cómo se gasta el dinero. Por ejemplo, el programa Royalties for Regions de Australia Occidental se centró principalmente en fomentar el desarrollo regional mediante infraestructuras estratégicas.
Las empresas mineras también tienen un papel que desempeñar. Pueden considerar el medio ambiente de la ciudad como parte de su huella productiva: pueden invertir en procesos más limpios y en una remediación eficaz, y contabilizar adecuadamente la contaminación procedente de fundiciones, puertos y rutas de transporte.
También pueden contribuir a la infraestructura de la vida cotidiana, como la vivienda asequible, la sanidad, los colegios, el cuidado infantil y los espacios públicos. Además, pueden replantear los turnos y la subcontratación para que un trabajo exigente sea compatible con una vida familiar estable.
Este desafío exige ir más allá de la simple transferencia de recursos. Hay que trabajar en colaboración con las autoridades locales y las comunidades para identificar los problemas y diseñar soluciones, como el modelo de colaboración público-privada desarrollado por Huella Local.
Hacer de las regiones mineras lugares donde vivir
El mundo entra ahora en un nuevo ciclo minero impulsado por la transición energética. En este contexto, la pregunta ya no es solo cuánto extraemos, sino también cómo puede ayudar la minería a que las comunidades que la acogen se conviertan en lugares donde la gente quiera construir su vida. Al fin y al cabo, la mina acabará cerrando.
No todos los yacimientos pueden dar lugar a una ciudad permanente. Especialmente cuando las operaciones son de corta duración o están muy aisladas, la conmutación puede ser la opción más sensata. Pero allí donde la minería vaya a durar décadas y el lugar tenga un futuro más allá de ella, invertir en la vida familiar merece la pena. Que junto a la mina exista una región próspera depende de las decisiones que se tomen hoy.
Este tema será abordado en mayor profundidad por Felipe Irarrázaval y Miguel Atienza en la Conferencia de la OCDE sobre Regiones y Ciudades Mineras 2026, que se celebrará en Antofagasta (Chile) del 28 al 30 de octubre.
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Felipe Irarrázaval is an Assistant Professor at the Faculty of Government at the Universidad de Chile. His research lies in economic geography and political economy, focusing on the interaction between resource governance, regional development, and global value chains amid the energy transition. Felipe holds a PhD in Human Geography from the University of Manchester, as well as a Master's in Political Science and a Bachelor's in Geography from the Universidad de Chile.
Miguel Atienza is Full Professor in the Department of Economics and a researcher at the Institute of Applied Regional Economics (IDEAR) at the Universidad Católica del Norte, Chile. His research focuses on economic geography, regional development, and the challenges facing resource-based regions. His work examines mining regions, critical minerals, entrepreneurial ecosystems, innovation, global production networks, labor mobility and regional policy. Miguel holds a PhD in Economics from the Universidad Autónoma de Madrid and an MA in Development Studies from the Institute of Development Studies (IDS), University of Sussex.