Algunos modelos económicos funcionan en múltiples niveles. Son responsables de crear empleo, se mantienen estables en tiempos de crisis y proporcionan cuidados esenciales a las personas. La economía social es uno de ellos y, por primera vez en España, tenemos datos que lo demuestran.
Un gigante escondido, por fin visible
En febrero de 2026, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó sus primeras estadísticas sobre la contribución de cooperativas, mutualidades, fundaciones y el resto de las entidades de la economía social y entidades mercantiles filiales de la economía social española.
Los números hablan por sí solos: la economía social generó 54.400 millones de euros de valor bruto añadido en 2023, el equivalente al 4% del VAB nacional. Su volumen de negocio equivale al 11,1% del PIB, sosteniendo así más de 1,27 millones de empleos directos, un 5,8% del empleo total en el conjunto de la economía.
El voluntariado formal que sustenta a estas organizaciones tendría un valor equivalente al 0,5% del VAB nacional pagado a precios de mercado. Más de 6,4 millones de personas formaron parte de este tipo de actividades en 2023.
Un marco político creado para perdurar
Los datos importan, pero por sí solos no transforman la economía. Lo que diferencia a España es la estructura de políticas que ha construido en torno a la economía social durante estos últimos años: se trata de una arquitectura que no considera a este modelo como una simple política sectorial más, sino como una forma de hacer negocios fundamentalmente diferente y mejor.
En 2020 se estableció un nuevo Ministerio de Trabajo y Economía Social, que fue seguido en 2023 por una Secretaría de Estado de Economía Social, lo que dotó al sector de un peso institucional genuino. Esta estructura permitió un nivel de coordinación interministerial que no hubiera sido posible conseguir de otro modo.
La expresión más clara de esta coordinación es el Proyecto Estratégico de Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Economía Social y Cuidados. Este proyecto movilizó más de 2.500 millones de euros a través de diez ministerios y apoyó a casi 4.500 organizaciones, con resultados mesurables en cuanto a la calidad de los trabajos creados, igualdad de género, innovación local y la profesionalización de los servicios de cuidados.
La nueva Ley Integral de Impulso de la Economía Social (LIES, Ley 1/2026 de 8 de abril) proporciona la base legal: aclara los límites del ecosistema de la economía social y actualiza sus normas operacionales. Además, vincula la actividad del sector con objetivos de interés público más amplios, desde la inclusión laboral hasta la cohesión territorial y la transición ecológica.
Todo este proceso se sustenta en la Estrategia Social Económica Española 2023-2027, un documento de consenso estructurado alrededor de cinco prioridades estratégicas: el empleo de calidad, el emprendimiento colectivo, la lucha contra la despoblación rural, la sostenibilidad medioambiental y la alineación con la Agenda 2030.
Por qué la economía social es una de las respuestas más sólidas a los grandes desafíos
Lo que distingue al modelo español es su posicionamiento explícito de la economía social como respuesta a los desafíos más urgentes de nuestros tiempos.
Es resiliente: las cooperativas y las sociedades laborales han demostrado una mayor resiliencia en tiempos de recesiones. Por ejemplo, en la cúspide de la pandemia COVID en 2020, la cuota de empleo aumentó hasta el 6,5%, demostrando así que la economía social destruyó proporcionalmente menos empleos que el resto de la economía española. Sus estructuras de propiedad democrática y los modelos de reinversión de beneficios también hacen que sea más complicado deslocalizarse, reducir su tamaño o financiarizarse a costa de las comunidades locales.
Se respalda a la parte más vulnerable: el PERTE explícitamente enlaza la expansión de la economía social con la profesionalización de los servicios destinados a personas mayores, personas con discapacidades y primera infancia. Es decir, lo enlaza con los servicios que son sistemáticamente desatendidos por los actores convencionales del mercado.
Además, el PERTE llega hasta las comunidades que son pasadas por alto: las cooperativas y las empresas sociales están presentes de forma desproporcional en las áreas rurales y despobladas donde las inversiones privadas no suelen llegar. En muchos de estos territorios la economía social no es una alternativa al mercado. Es el mercado.
Liderazgo global
España no ha construido su economía social de forma completamente aislada. Paralelamente a las reformas internas, el gobierno ha impulsado la agenda internacional: ha respaldado la Recomendación de la OCDE sobre la Economía Social y Solidaria (2022), la Resolución de la OIT relativa al Trabajo Decente y la ESS (2022), la Recomendación del Consejo de la UE (2023) y dos resoluciones de la Asamblea General de la ONU (2023 y 2024), ambas copatrocinadas por España y adoptadas por unanimidad.
Además, España también preside el comité de seguimiento de la Declaración de Luxemburgo (el cual reúne a los países europeos más comprometidos con la economía social) y colideró el lanzamiento de la Red Ibéricoamericana de Fomento a la Economía Social y Solidaria (RIFESS) en enero de 2024. Estos gestos no son simbólicos, son los pilares de un marco multilateral capaz de proteger y difundir este modelo.
Un llamamiento a la acción política
El caso español muestra que la economía social florece cuando los gobiernos invierten simultáneamente en tres ámbitos: en reconocimiento institucional, en marcos jurídicos coherentes y en un gasto público transversal. Ninguno de los tres resulta suficiente por sí solo.
La publicación de las nuevas estadísticas del INE marca un punto de inflexión. Por primera vez, la defensa de la inversión en economía social se basa en datos de cuentas nacionales rigurosos e internacionalmente comparables. Los países que aún no tengan sus propios mecanismos de medición deberán empezar a desarrollarlos. La metodología está clara y España está lista para compartirla.
Los responsables políticos que busquen mejorar la competitividad, abordar los déficits de cuidados, reducir las desigualdades territoriales o alcanzar compromisos climáticos, encontrarán en la economía social un sector probado y escalable. Las evidencias procedentes de España son irrefutables. La pregunta ya no es si la economía social funciona, es si los gobiernos tienen la ambición para ponerla en marcha.
Para más información, consulta: The Social Economy in Europe
Amparo Merino is a Full Professor (Catedrática) of Labour Law and Social Security, attached to the Department of Labour Law and Social Work at the University of Castilla-La Mancha. Since 2023, she has served as Secretary of State for Social Economy at the Ministry of Labour and Social Economy.