México necesita fortalecer sus ciudades para recuperarse de los efectos de la pandemia del COVID-19

México debe mejorar la planificación de sus ciudades para fomentar la inclusión y la recuperación económica

México es uno de los países más urbanizados de América Latina y la OCDE. Con la población urbana que se ha duplicado en las últimas tres décadas, hoy en día, cuatro de cada cinco mexicanos viven en una ciudad. Las áreas urbanas generan casi el 90% del PIB en México y representan el 83% de la fuerza laboral formal.

Por lo general, los habitantes de las ciudades tienen acceso a mejores oportunidades en términos de ingresos, educación y vivienda, pero México no ha logrado capturar completamente los “beneficios de la aglomeración” que normalmente acompañan al crecimiento de la población urbana. De hecho, la productividad laboral se ha estancado en las áreas urbanas durante la última década. La expansión urbana y, con ella, la mala conectividad dentro de las áreas urbanas, ha jugado un papel importante.

Si bien la población urbana de las ciudades mexicanas, especialmente las pequeñas y medianas, ha crecido significativamente, la huella urbana ha crecido aún más rápido, multiplicándose por siete en las últimas tres décadas. En el área metropolitana de Puebla-Tlaxcala, que tiene la densidad general más baja entre las zonas metropolitanas de México, la huella urbana se expandió casi ocho veces más rápido que la población en las últimas dos décadas. En el área metropolitana del Valle de México, la vivienda de bajo costo se ha expandido a la periferia donde las regulaciones de la tierra son menos restrictivas, pero los trabajos se concentran principalmente en el centro. De hecho, en 2015, el 42% de los que compraron una vivienda utilizando créditos del gobierno sintieron que sus hogares estaban demasiado lejos de las escuelas, el transporte público y las áreas comerciales. Entre 1990 y 2015, el número de automóviles creció 3,5 veces más rápido que la población del país.

La combinación de una proporción persistentemente grande de mano de obra informal, barreras institucionales para hacer negocios, así como niveles rezagados de educación, innovación e inversión pública, ha exacerbado las desigualdades urbanas que, a su vez, se vieron agravadas por la pandemia del COVID-19. Si bien la población que vive en viviendas precarias disminuyó del 17% en 2008 al 12% en 2016, 12.6 millones de personas en las áreas urbanas mexicanas aún viven en viviendas inadecuadas, es decir, hacinadas, construidas con materiales deficientes o sin acceso a servicios básicos como transporte, agua y electricidad.

La crisis del COVID-19 brinda una oportunidad para un cambio de dirección de política pública. Se necesita una “nueva normalidad” para la sustentabilidad económica, social y ambiental de las ciudades mexicanas, a fin de estar en condiciones y ser resistentes a futuras crisis de salud, económicas y sociales. La evidencia muestra que las ciudades compactas, conectadas, bajas en carbono (“limpias”) e inclusivas (3C+I por sus siglas en inglés) pueden impulsar la productividad a largo plazo, la sostenibilidad ambiental y la equidad social. El gobierno ha adoptado recientemente un enfoque de producción social del hábitat, que reconoce que las comunidades saben mejor lo que necesitan para vivir bien. Este nuevo enfoque, junto con las reformas financieras que proporcionan fondos para que las familias de bajos ingresos puedan autoconstruir y mejorar sus viviendas, tiene un enorme potencial para mejorar la vivienda y la urbanización. El desafío para México es cumplir con esta nueva agenda de vivienda.

¿Cómo puede México utilizar sus ciudades para promover el crecimiento, la inclusión y la sostenibilidad?  

Para evitar una mayor expansión urbana desordenada, reducir las emisiones contaminantes y aminorar la desigualdad urbana, México debe colocar la accesibilidad urbana en el centro de sus políticas de vivienda, transporte y uso del suelo. Esto significa desarrollar ciudades donde las personas puedan conectarse fácilmente con trabajos, servicios, conocimiento y otras personas.

La construcción de ciudades accesibles en México requiere:

  • Alinear e integrar políticas sectoriales para promover las ciudades 3C + I, particularmente a nivel metropolitano. Esto requiere integrar el transporte, la vivienda y el uso del suelo en una visión clara de las ciudades que México necesita y quiere. Si no se garantiza la coordinación entre las políticas sectoriales, se corre el riesgo de reducir el crecimiento económico y el bienestar y, en cambio, aumentar las tensiones ambientales y los riesgos relacionados con el clima.
  • Financiar acciones de urbanismo y accesibilidad. La baja densidad puede estar contribuyendo a un aumento de las emisiones del tráfico y contaminación del aire, al tiempo que hace que la infraestructura de transporte, como los sistemas de metro y BRT, sea demasiado costosa de construir y operar. México debe garantizar que el porcentaje del presupuesto asignado a la infraestructura para caminar, andar en bicicleta y transporte público esté alineado con estos objetivos más amplios priorizando la inversión en proyectos de movilidad metropolitana sostenible y mediante incentivos (por ejemplo exenciones fiscales y bonos garantizados por el gobierno) para hacer viviendas sociales mejor conectadas y atractivas para desarrolladores privados.
  • Apoyar la planificación urbana integrada. El gobierno nacional debe fomentar más usos mixtos de la tierra, estándares de densidad mínima y regeneración urbana como elementos clave de las políticas nacionales de vivienda urbana y asequible. En particular, México debería vincular explícitamente las políticas de desarrollo urbano a la política climática y ambiental.
  • Fomentar la gobernanza metropolitana. Las áreas metropolitanas presentan altos niveles de fragmentación administrativa que limita una respuesta coordinada a los desafíos de accesibilidad. Una mejor gobernanza y planificación metropolitana podría fomentar la eficiencia económica, la asequibilidad y la ampliación de oportunidades para todos.

La construcción de ciudades accesibles es un requisito fundamental para que México alcance su máximo potencial económico, social y ambiental. Las ciudades, los gobiernos estatales y nacional deben trabajar juntos para garantizar que las decisiones sobre la gestión y la planificación de las ciudades se basen en la evidencia y apunten al crecimiento inclusivo para obtener los beneficios de la aglomeración. La Política Nacional de Suelo recientemente aprobada será un instrumento importante en el conjunto de herramientas de la política de desarrollo urbano. Las innovaciones locales en relación con la planificación urbana, el uso del suelo y la vivienda en ciudades como Guadalajara podrían inspirar a otras ciudades. Con una política urbana nacional sólida que dé forma a una visión a prueba de futuro, México puede mejorar sus ciudades, dar forma a la recuperación sostenible de la crisis de COVID-19, y garantizar la resiliencia social así como un crecimiento más inclusivo para todos.

tículo también se encuentra disponible en inglés.

Author profile

Oscar Huerta Melchor is a project manager and policy analyst on urban development and public governance at the OECD. His main areas of interests are urban accessibility, housing, urban safety, metropolitan governance and local governments’ capacity. He previously worked on public employment and management issues at the OECD. He holds a MA and a PhD on Comparative Public Policy from the University of York, UK.