El cuidado está reconocido internacionalmente como un derecho básico y universal, esencial para la vida, la dignidad y el bienestar. En febrero de 2025, Colombia dio un paso importante para hacer realidad este derecho al adoptar una Política Nacional de Cuidado a 10 años.
Liderada por el nuevo Ministerio de Igualdad y Equidad, la política establece 133 acciones en 15 ministerios y 34 entidades públicas para apoyar tanto a quienes reciben cuidados como a quienes los brindan.
El cuidado como un derecho humano
El cuidado está reconocido internacionalmente como un derecho básico y universal, esencial para la vida, la dignidad y el bienestar. En febrero de 2025, Colombia dio un paso importante para hacer realidad este derecho al adoptar una Política Nacional de Cuidado a 10 años.
Liderada por el nuevo Ministerio de Igualdad y Equidad, la política establece 133 acciones en 15 ministerios y 34 entidades públicas para apoyar tanto a quienes reciben cuidados como a quienes los brindan.
Comunidades cuidadoras
Si bien el liderazgo nacional marca el ritmo y las prioridades, las comunidades locales de cuidado están en el centro del nuevo enfoque. La PNC incluye un componente indígena que respeta los saberes tradicionales y garantiza la consulta a los pueblos indígenas sobre sus sistemas de cuidado.
A través de procesos de formación, participación comunitaria y articulación con servicios existentes, la política contribuye a transformar normas sociales, fortalecer redes de apoyo y alinear la acción institucional. Este enfoque también trabaja con las comunidades para enfrentar los estereotipos de género y promover la participación de los hombres, al tiempo que impulsa inversiones sostenibles en los sistemas de cuidado.
Apoyo al liderazgo local
La Dirección de Cuidado apoya a los gobiernos regionales y a las ciudades capitales en el desarrollo de sistemas locales de cuidado mediante asistencia técnica en modelos de gobernanza y mecanismos de financiamiento.
Como parte de este esfuerzo, ha emitido lineamientos para integrar el cuidado en los diagnósticos territoriales, los planes estratégicos y los componentes presupuestales, y ha trabajado con ONU Mujeres y el PNUD para fortalecer la “Red Territorial de Cuidado”, orientando el diseño e implementación de los sistemas territoriales de cuidado.
Estos esfuerzos ya están dando resultados: 13 departamentos, 14 ciudades capitales y otros municipios han incorporado metas y recursos relacionados con el cuidado en sus instrumentos de planeación. En total, el apoyo ha llegado a 64 entidades territoriales, incluidos 32 departamentos, 26 capitales y seis municipios, que han dado pasos para reconocer y fortalecer el derecho al cuidado en sus territorios.
Llegar a cada persona cuidadora
Las iniciativas para llegar a cuidadores y cuidadoras en zonas remotas y desatendidas a través de las Rutas del Cuidado, unidades móviles que llevan servicios directamente a las comunidades, también comienzan a mostrar resultados.
Un ejemplo es la Ruta Fluvial del Cuidado, financiada por Open Society Foundations y la Fundación Barco, que brinda servicios esenciales de cuidado, incluyendo atención psicológica, formación del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y espacios comunitarios de cuidado, a comunidades indígenas a lo largo de la frontera entre Colombia y Brasil (Nazaret en Leticia y Benjamin Constant).
Este enfoque también está demostrando ser efectivo en contextos urbanos. En Bogotá, por ejemplo, vehículos equipados (Buses del Cuidado) ofrecen servicios gratuitos de formación, bienestar y cuidado en barrios urbanos con mayores niveles de vulnerabilidad.
Desafíos para las personas cuidadoras
A pesar de los avances, persisten varios desafíos locales de larga data.
Primero, fomentar la apropiación local del tema. El progreso depende del liderazgo de alcaldes y gobernadores. En algunos territorios, las diferencias políticas o el bajo reconocimiento del cuidado como una responsabilidad pública pueden frenar el impulso.
Segundo, enfrentar los sesgos de género. El cuidado aún se percibe ampliamente como “trabajo de mujeres”, mientras que los hombres cuidadores suelen enfrentar estigmatización social.
Tercero, las barreras para la participación. Las brechas de confianza, las diferencias lingüísticas, los problemas de accesibilidad y la presión por obtener resultados rápidos pueden limitar la participación comunitaria.
Cuarto, las limitaciones financieras locales. Las autoridades territoriales a menudo carecen del presupuesto o la capacidad para invertir en servicios de cuidado, especialmente en zonas con mayores dificultades económicas.
Quinto, las brechas de información. La falta de datos completos dificulta identificar necesidades y monitorear avances. La reciente ampliación de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo a la Orinoquía y la Amazonía representa un avance hacia políticas inclusivas basadas en evidencia.
El enfoque comunitario de la PNC puede ayudar a superar estos obstáculos al trabajar con las comunidades para evitar la culpabilización, mostrar beneficios inmediatos y ofrecer puntos de partida prácticos.
Coordinar el cuidado para un mejor futuro
Construir sistemas de cuidado sostenibles requiere coordinación entre sectores y niveles de gobierno, con base en principios de colaboración, descentralización y corresponsabilidad.
Pero el esfuerzo vale la pena: garantizar el derecho al cuidado no es solo una obligación moral, sino un camino hacia comunidades más fuertes e inclusivas y un mejor futuro para todas y todos.
Para obtener más información sobre este tema, lea el informe de la OCDE y la Comisión Europea sobre la Economía Social en Europa. Descubra más sobre el trabajo de la OCDE en temas relacionados aquí: Desarrollo Económico y del Empleo Local (LEED).
Natalia Moreno is an economist with a master’s degree in Gender Studies from the National University of Colombia. Her work is grounded in the field of feminist economics; she has conducted research on the care economy and gender-responsive tax policies. She was one of the spokespeople for the campaign #MenstruaciónLibreDeImpuestos, which succeeded in eliminating VAT on menstrual hygiene products in the country.
She has served as an adjunct professor at the National University of Colombia, worked at DANE on the production of gender-focused statistics, and was an advisor to Congress on the Commission for Women’s Equity. She is the former Director of the Care System at the Bogotá District Secretariat for Women, former Manager of the National Care Policy in the Vice Presidency of the Republic and is currently the Director of Care at Colombia’s Ministry of Equality and Equity.